GRACIAS POR COMPRENDERLOS

Dentro de unos días se celebra el día mundial del autismo. Se celebra para que no olvidemos que hay seres humanos que necesitan la ayuda, la protección y sobre todo la consideración de que son personas con sentimientos y preocupaciones como el resto. Ser autista es ser especial porque se rigen por una lógica intelectual no común, pero que no implica ser raro. Esta forma de ser es muy notable y reconozco chocante cuando estamos ante edades tempranas porque esa lógica de pensamiento hace sufrir sus sentidos al no comprender las cosas que los adultos tenemos por cotidianas. De ahí que los niños autistas necesitan de los seres de su misma especie una protección y amparo especial. Cuando ya llegan a edades más adultas siguen teniendo su especial lógica de raciocinio pero al tener ya experiencia en esta vida saben como afrontar los impedimentos al ser ya conocidos ex ante. Su comportamiento es de admiración porque están continuamente controlando sus sentidos y conciencia de ello, lo que produce un estrés constante. Ese es el motivo por el que en edades tempranas se producen ciertas reacciones que sorprenden, típicas de niños al fin y al cabo. No pido que ayudes, no pido que aguantes a un autista, sólo te pido que cuando estés con esta persona la respetes y lo mires con ojos no estereotipados socialmente sino con ojos humanos, sensibles, comprensivos, amables, pacientes, son en definitiva seres humanos que necesitan la protección de sus semejantes de la misma especie. Tu mirada, tu comentario lo es todo y ellos lo notan y lo sienten. Gracias por ser humano y comprensivo

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Requisitos sobreseimiento prematuro

SECC 15ª AP MADRID AUTO DE MARZO DE 2015 AUTO Nº 244/2015

Existe un principio de política criminal que establece que el Derecho Penal es un derecho de mínimos, última ratio. Ahora bien para aplicar dicho principio deben cumplirse una serie de requisitos. Para definirlos traigo a colación este Auto, arriba referenciado, por su claridad.

“Si bien, conviene recordar que la decisión judicial a adoptar en este momento inicial (una vez formalizada la denuncia o presentada la querella) no puede dejar de considerar, a la hora de determinar si los hechos revisten o no apariencia delictiva y, por consecuencia, si resulta procedente o no incoar el oportuno proceso penal:

A) Que la valoración sobre la veracidad de los hechos denunciados o relacionados en la querella queda relegada a un momento posterior, pues la verificación de su certeza o incerteza no forma parte del juicio de tipicidad propio de este momento inicial ni puede ser prejuzgada sin practicar las diligencias de investigación encaminadas, precisamente, a su esclarecimiento y comprobación. Lo que impone partir de los hechos denunciados o relacionados en la querella para decidir, tomándolos en principio como ciertos, si en sí mismos y objetivamente considerados ofrecen o no indicios de criminalidad, y si pueden enmarcarse o no en alguno de los tipos descritos por la ley penal, no existiendo más salvedades que las resultantes del carácter absolutamente inverosímil de los hechos en cuestión o de su manifiesta, esto es, patente y clara, falsedad.

B) Que el eventual carácter delictivo de los hechos ha de ser enjuiciado en abstracto, comprobando, en términos meramente indiciarios, si tienen cabida en algún tipo penal, pues el juicio valorativo a realizar se ciñe al plano de la subsunción típica, lo que significa que la desestimación de la denuncia o de la querella por no ser los hechos constitutivos de delito sólo puede justificarse por su irrelevancia penal, esto es, por su absoluta falta de tipicidad. Y todo ello en el bien entendido de que no se trata de enjuiciar a fondo, como si de una sentencia se tratara, si los hechos que se imputan se ajustan estrictamente a la descripción de los tipos penales, sino de calibrar si la denuncia o la querella presentan un mínimo fundamento legal, tal que merezcan la apertura de diligencias de investigación, que, así las cosas, sólo cabrá desechar, basándose en que los hechos no son constitutivos de infracción penal, cuando este extremo esté absolutamente claro y quepa excluir en los hechos imputados, desde el primer momento, de forma rotunda y con seguridad, más allá de toda duda razonable, las notas caracterizadoras de lo delictivo, sin que pueda, en otro caso, cercenarse la vía penal;

C) Y que no cabe equiparar, ignorando o prostituyendo la naturaleza y finalidad de cada trámite procesal, el alcance de esta labor valorativa inicial con el que es propio de la que procede realizar en otras fases más avanzadas del procedimiento, ya sea en el trámite previsto en el artículo 779 º, en último término, en el del artículo 783, ambos de la LECrim.

La actuación instructora se orientara básicamente a la averiguación de todo aquello que pueda conformar una base indiciaria bastante para posibilitar la acusación en los términos de la denuncia, es decir la atribución a la imputada de la falsedad de la firma de los trabajadores estampadas en las fichas en cuestión.

De ahí que solo existiendo indicios suficientes de la comisión de un hecho que revista caracteres de delito o falta y de la participación en él de determinada persona, debe continuar el procedimiento. Por el contrario, cuando de manera patente, clara, inobjetable o incontrovertible estemos en presencia de un hecho irrefutablemente producido y conformado por una conducta activa u omisiva totalmente esclarecida en sus aspectos objetivo y subjetivo, que en absoluto encaje jurídicamente en una figura penal determinada, o concurra un supuesto de exención de responsabilidad penal, procederá la declaración de sobreseimiento que corresponda y el consecuente archivo de las actuaciones, al amparo del art 779.1 de la LECrim.

Ello ocurrirá precisamente porque el análisis del hecho aparecerá perfectamente acabado en todos sus aspectos y, en cambio, no soportará la aplicación estrictamente jurídica de tipo penal alguno, o porque la responsabilidad criminal estará indiscutiblemente excluida por alguna circunstancia.”

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VINCULACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TS, SALA II

Dice la STS STS 8/2010 en concordancia con las SSTS 1045/2007 y 54/2008 (a colación sobre la posibilidad de solicitar apertura de juicio oral por parte de la Acusación Popular)

“…Para la resolución de la impugnación hemos de señalar el valor de la jurisprudencia en nuestro sistema jurisdiccional, la función que debe cumplir y el grado de vinculación de la doctrina jurisprudencial respecto a la función jurisdiccional de los tribunales. Para su concrección partimos de que toda norma aparece redactada en términos necesarios de generalidad y requiere ser interpretada por los aplicadores del derecho para darle su contenido a la situación concreta a la que se aplica. Corresponde a los órganos jurisdiccionales la esencial función de aplicar la norma al hecho conflictivo sometido a su jurisdicción, vivificando la norma a la situación concreta que deben resolver. Además, la necesidad de procurar la uniformidad en la aplicación del derecho, como manifestación del principio de igualdad, implica que la interpretación que de la norma realice el Tribunal Supremo, órgano superior de la organización judicial y supremo intérprete de la legalidad ordinaria, aparezca rodeada de la exigencia de una cierta vinculación, horizontal y vertical respectivamente dirigida al propio Tribunal Supremo y a los órganos de la jurisdicción, para proporcionar la necesaria estabilidad al sistema y satisfacer la seguridad jurídica y las exigencias del principio de igualdad. Es obvio que las normas pueden tener distintos significados en función de los distintos criterios interpretativos empleados y las distintas realidades a las que se aplican, pero lo relevante es que esa aplicación de la norma sea uniforme por todos los órganos jurisdiccionales y poder asegurar la vigencia del derecho fundamental a la igualdad, la satisfacción de la seguridad jurídica, la previsibilidad en la aplicación del derecho y, en definitiva, la unidad del ordenamiento y la vigencia del principio de legalidad. Esa uniformidad en la aplicación de la norma es compatible con la evolución necesaria de la jurisprudencia a través de las disensiones ordenadas derivadas de la tensión dialéctica permanente entre el principio de independencia judicial y el principio de legalidad. La vinculación, horizontal y vertical, permite la disensión que requerirá una específica motivación para justificar la desvinculación respecto a la doctrina nacida de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.”

A mayor abundamiento Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del TS, 2005:

“El art. 12, (LOPJ)precisamente, establece que en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los jueces y magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial, añadiendo en su apartado segundo que no podrán los jueces y tribunales corregir-la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial, sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan; tampoco podrán los jueces y tribunales, órganos de gobierno de los mismos, o el Consejo. General del Poder Judicial, dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Ahora bien, el Tribunal Supremo tiene indudablemente, ex art. 123 CE, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, y con jurisdicción en toda España, la función de unificar la interpretación y aplicación de la legislación ordinaria. Ello viene también contemplada en el Título Preliminar del Código Civil, cuyo art.1.6, en materia de fuentes del derecho, señala que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. A su vez, el art. 53 LOPJ ratifica lo anterior en los términos empleados por el art. 123 CE. Correspondiéndole la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, debe llegarse a la conclusión que el arto 264 LOPJ no es plenamente aplicable al caso de la Sala no jurisdiccional del Tribunal Supremo, en cuanto establece que no son jurídicamente vinculantes los acuerdos adoptados en la misma. Con ello internamente está justificada la naturaleza vinculante de dichos acuerdos (Acuerdo de 18/07/06), pues dicha Sala desempeña funcionalmente el papel que corresponde a los Plenos jurisdiccionales, cuya convocatoria reiterada no sería operativa, aun cuando el precedente estará constituido por las sentencias que aplican la doctrina contenida en los Acuerdos.

El entendimiento de lo anterior es consecuencia de la naturaleza de la casación que no sólo es un recurso procesal sino esencialmente una institución política del Estado que tiene su fundamento en el principio de igualdad. Su exigencia estriba en él derecho a que la ley se interprete y aplique con el mismo contenido en todo el territorio donde está vigente, dirigiéndose el mandato de la igualdad tanto el legislador (igualdad de la ley) como a los Tribunales (igualdad en la aplicación).

Es ocioso afirmar que demasiadas veces falta la necesaria certidumbre acerca del contenido de la ley, lo que es incompatible con el principio de igualdad. Para corregir lo anterior será precisa una instancia unificadora que garantice la aplicación de la ley de forma que se respete el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, siendo esta instancia el Tribunal Supremo cuando se pronuncia a través del . recurso de casación, lo que tiene expresión constitucional en el . art. 123 C.E. ya citado.

No es posible que el Tribunal Supremo conozca todos los casos: por ello debe ser un Tribunal de unificación de la interpretación de la ley. El problema es que la actuación de los principios constitucionales mencionados no será posible si se desconoce la Jurisprudencia del Tribunal de Casación, lo que suscita la necesidad del efecto vinculante de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se ha opuesto a ello el art. 117.1 C.E., que establece que los Jueces estarán sometidos únicamente al imperio de la ley. Sin embargo, el imperio de las leyes indisociable a la interpretación de la misma y el Tribunal Supremo no “crea” normas jurídicas.

Hoy el Tribunal Supremo resuelve “cada caso”, hay multitud de sentencias iguales y repetitivas; se dictan demasiadas conforme a lo deseado y ello dificulta hi unidad de la Jurisprudencia; por todo ello es preciso-un sistema en virtud del cual resol-viendo un caso se resuelvan muchos casos iguales; y para ello la vinculación debe ser indiscutible.

Los Acuerdos de Sala General siguiendo esta línea, a la espera de la reforma de las leyes orgánicas y procesales ya anunciada, cumplen hoy por hoy la función de unificar la interpretación y aplicación de la ley tanto desde el punto de vista interno, evitando contradicciones en el propio Tribunal Supremo, como externo, en relación con el resto de los Tribunales penales que integran nuestra organización judicial, mediante su aplicación en las sentencias que forman la Jurisprudencia”

También se podría aplicar a este respecto STC de19 de Marzo de 2012 , no sin advertir que podría ser utilizada para fundamentar lo contrario, esto es, la no vinculación en todos los casos.

Por todo ello, como siempre la discusión doctrinal está servida, ya que existen discrepancias al entener que la libertad de jueces y magistrados permite apartarse de la interpretación del TS, siempre y cuando fundamenten y razonen tal apartamiento.

Se puede entender que tal libertad se circunscribe más en el ámbito de no recibir instrucciones vinculantes o directrices, por el mero hecho de la superioridad jerárquiza, a efectos de garantizar la independencia del este poder judicial y sus miembros, más que al apartamiento de la interpretación que efectúa el máximo intérprete de la ley.

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VALIDEZ DEL TESTIMONIO DE UN ACUSADO QUE INCRIMINA A OTRO COACUSADO

Dice la reciente STS 622/2015, de 23 de octubre:

“También hemos señalado, en recepción de la doctrina del Tribunal constitucional, que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad (Cfr. STC 68/2002, de 21 de marzo y STS nº 1330/2002, de 16 de julio , entre otras).

Sin embargo, ambos Tribunales han llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y por ello asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, por lo cual no está obligado legalmente a declarar, pudiendo callar total o parcialmente. Dicho Tribunal ha afirmado igualmente que ha afirmado que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada. Es la existencia de alguna corroboración lo que permite proceder a la valoración de esa declaración como prueba de cargo.

No se ha definido con caracteres precisos lo que haya de entenderse por corroboración, ” más allá de la idea de que la veracidad de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho o circunstancia externa, debiendo dejar la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no al análisis caso por caso ” ( STC nº 68/2002, de 21 de marzo ). Lo que el Tribunal Constitucional ha exigido, como recuerda la STC 68/2001, de 17 de marzo , es que ” la declaración quede «mínimamente corroborada»(SSTC 153/1997 y 49/1998) o que se añada a las declaraciones del coimputado «algún dato que corrobore mínimamente su contenido» ( STC 115/1998 ), dejando, como no puede ser de otro modo, a la casuística la determinación de lo que deba ser entendido por corroboración “.

Sin embargo, se ha exigido que tales datos externos a la versión del coimputado la corroboren, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera probados, ( STC 55/2005, de 14 de marzo y STC 91/2008 , entre otras)…”

“….Por lo tanto, de la sentencia impugnada no se desprende la existencia de otras pruebas de cargo que la existencia de la declaración de un coimputado, sin que se expresen los elementos de corroboración que permitirían proceder a su valoración, por lo que no puede considerarse prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia. En consecuencia, ambos motivos se estiman, lo que determinará la absolución del recurrente.”

Esta sentencia es clara respecto al alcance y efectos de la declaración incriminatoria de un coinvestigado/coacusado respecto a otro, ya que por sí misma no enerva la presunción de inocencia y debe tener un mínimo de corroboración externa para tales efectos constitucionales. La cuestión es de vital importancia, más aún cuando se obtienen conformidades parciales con coacusados que son utlizadas contra el acusado no conformado con la acusación

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REQUISITOS GARANTISTAS EN LAS SENTENCIAS PENALES

En este nuevo comentario voy a traer a colación jurisprudencia referente a las garantías que debe tener toda sentencia, en relación a las llamadas conclusiones definitivas (acusación) una vez se han practicado todas las pruebas en las sesiones del juicio oral.

Sin extenderme demasiado, en la STS nº 369/2015, de 9 de junio, se informa: “…el art.24 CE conducen a señalar que este precepto consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa. Ello significa, además, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo.

Esta correlación precisa, se manifiesta en la vinculación del tribunal a los aspectos esenciales de la acusación, concretamente a la identidad de la persona contra la que se dirige, que no puede ser modificada; a los hechos que constituyen su objeto, que deben permanecer inalterables en su aspecto sustancial, aunque es posible que el Tribunal prescinda de elementos fácticos que no considere suficientemente probados o añada elementos circunstanciales o de detalle que permitan una mejor comprensión de lo sucedido según la valoración de la prueba practicada; a la calificación jurídica, de forma que no puede condenar por un delito más grave o que, no siéndolo, no sea homogéneo con el contenido en la acusación; y a la pena interesada por las acusaciones (Pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre de 2006), ya que “el Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa”

La acusación formal y vinculante es la que se establece en las conclusiones definitivas (objeto del proceso penal).

Ello implica que el Juez/Sala sentenciador/a está condicionado/a, además de a la Ley y la CE, al contenido de las conclusiones definitivas establecidas por las acusaciones (una vez que se han practicado las pruebas).

A mayor abundamiento, también nuestro máximo intérprete, en relación a esta vinculación y a estos efectos, vino a sentar en su Sentencia nº 884/2014, de fecha 26 de diciembre de 2015, que:
”…en la que se examina (sentencia impugnada), en el apartado que figura como de “Antecedentes de hecho, único”, al tratar de las conclusiones definitivas de las partes, la sala se limita a darlas “por reproducidas”, cuando lo cierto es que el art. 142,3ª Lecrim exige que “se consignen” las “de la acusación y de la defensa”. Algo de una necesidad por demás obvia, dado que la sentencia debe ser un documento autosuficiente en todos sus extremos, incluido el relativo a la acreditación de la congruencia del fallo con las peticiones de las partes. Así, la incumplida no es una mera exigencia de índole formal sino que afecta materialmente a la propia dinámica interna de la resolución, ya que es haciéndola efectiva como el principio de contradicción penetra en su interior, y esto es lo que permitirá apreciar si el tribunal se ha movido o no dentro de los límites del objeto de la causa fijados por las pretensiones parciales, y si ha dado respuesta a esta en todos los aspectos relevantes.
Así las cosas, es claro que las conclusiones definitivas de las partes no pueden darse “por reproducidas”, sino que tienen que reproducirse. Idealmente, con transcripción literal también de las respetivas versiones de los hechos, tal y como resulten finalmente establecidos por cada una de aquellas, de donde resultará a su vez el ámbito dentro del que, en la materia, deberá moverse el juzgador…”

Carlos González Lucas
Especialista en Procesal y Penal

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DELIMITACIÓN ÁMBITO PENAL-ÁMBITO ADMINISTRATIVO (URBANISMO)

En este artículo trato de delimitar la línea que separa la tipicidad penal y la infracción administrativa.

Dicho lo anterior, en palabras de ilustre juzgado, el cual razona “que el delito de ordenación del territorio constituye una de las manifestaciones que tratan de dar cumplimiento al mandato constitucional de regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general que consagra el artículo 47 de la Constitución Española.”

Los delitos contra la ordenación del territorio tienen su principal expresión en el llamado delito urbanístico. Se caracteriza esta figura delictiva por la infracción de los controles de la Administración cuando las sanciones que se establecen en el ámbito administrativo no son suficientes para abarcar el ilícito de las conductas más graves previstas en dicho orden; ámbito administrativo cuya regulación corresponde a las Comunidades Autónomas tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de marzo,…dichas infracciones viene recogidas en las Leyes Autonómicas sobre ordenación del territorio y urbanismo.

Se justificó en los trabajos parlamentarios la intervención del derecho Penal en esta materia ante el fracaso del Derecho Administrativo para corregir la indisciplina generalizada que ha venido caracterizando la ordenación urbanística con grave deterioro del territorio, pasajes naturales, zonas verdes, etc…

El artículo 319.2 castiga “…que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.”

Se trata de un precepto en blanco que precisa ser llenado con las normas administrativas que determinan las edificaciones no autorizables y los suelos no urbanizables. La Ley del Suelo incluye entre los que tienen la consideración de suelo no urbanizable aquellos terrenos que estén sometidos a un régimen especial de protección en razón a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos inadecuados para un desarrollo urbano. Constituye un delito especial y requiere, en su elemento subjetivo, conocimiento de que el suelo en el que se construye no es urbanizable ni susceptible de autorización o legalización.

Este último inciso, “conocimiento…ni susceptible de autorización o legalización…” lo considero de vital importancia a los efectos de la citada delimitación, ya que es precisamente ese conocimiento el que determina el ataque directo contra el bien jurídico protegido y que nuestro ordenamiento jurídico-penal ampara.

Ello implica necesariamente el nacimiento de una discusión o estudio, cual es, si el promotor en cuestión, desconocedor de la normativa urbanística, e incluso del ámbito concreto de protección (véase culturales, agrícola, forestal por ejemplo) es responsable de la citada actuación que atenta contra el bien jurídico protegido. Es decir, promotor y/o constructor, en todas sus formas, que contrata los servicios de técnico a los efectos de emitir un dictamen sobre la viabilidad o no de la obra a acometer. El citado promotor, se “fía” de la profesionalidad y buen hacer, su saber hacer, del técnico en cuestión, lo que implica que aquel no tiene conocimiento de estar atentando contra el bien jurídico protegido. Este es un caso más de los posibles concurrentes, pero entiendo que es claro ejemplo de lo que aquí se quiere razonar. Es límite entre actuación administrativa y actuación penal.

Ahora bien, todo aquello que se realice es ilícito penal. La respuesta es negativa

Como fundamento traemos a colación el Auto de 9 de marzo de 2.009, dictado por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid “Es por ello, que caso de estar ante una infracción penal, los hechos, por la situación de la vivienda, serían constitutivos del delito que regula el art. 319 C.P …siendo de aplicación al precepto citado el principio de intervención mínima por cuanto y como refiere la doctrina jurisprudencial al respecto “Los tipos penales no pueden servir como mero reforzamiento de la autoridad administrativa, sin contenido material de antijuridicidad”

Además la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de fecha 4-2-2005, explica el bien jurídico y el límite, estima que “El bien jurídico protegido no sería la mera infracción formal de la normativa urbanística emanada de la Administración, sino la infracción de dicha normativa en cuanto efectivamente ataque a una ordenación racional del territorio, lo cual implica que, en un sentido más amplio el bien penalmente amparado es la calidad de la vida y el hábitat en el que se desenvuelven los seres humanos”. Y añade que “esta tesis sería, a nuestro juicio, la derivada de una consideración sistemática del propio Código Penal, pues si el legislador ha optado por recoger los delitos contra el medio ambiente dentro del Título XVI del Libro II, conjuntamente con los delitos relativos a la ordenación del territorio, a la protección del patrimonio histórico y la vida silvestre, es porque las conexiones entre los bienes jurídicos protegidos de todos ellos son indudables, de modo -que tal y como estima autorizada doctrina- se trata globalmente de defender determinados bienes comunes que son necesarios y facilitan la existencia de los seres humanos en cuanto inciden en su salud y bienestar, y constituyen un patrimonio común que es necesario preservar… por tanto la repercusión que produce en el hábitat, no tiene la gravedad que como dijimos exige el principio de intervención mínima aplicable a la materia”

En ambos asuntos fueron considerados los hechos denunciados atípicos penalmente.

Por lo tanto, no toda actuación sobre un suelo protegido es constitutivo de infracción penal por cuanto se debe sobrepasar ese principio de intervención mínima, así como se debe acreditar que el acusado tenía conocimiento pleno de que la obra era imposible de ser autorizada. Un matiz que adquiere especial significación es la interpretación de las normas administrativas y la casuística de las resoluciones/actos de los organismos administrativos, que en mucho de los casos son dictados en vía de hecho o con carencia de fundamento jurídico.
Las meras sospechas o conjeturas no tienen cabida como acervo probatorio a los efectos de enervar la presunción de inocencia.

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LOS JUECES DEBEN ESTABLECER LTERALMENTE EN SUS SENTENCIAS LAS CONCLUSIONES DEFINITVAS DEL PLEITO. NUEVA SENTENCIA DEL TS

El presente artículo se enmarca dentro del recurso de casación que se interpuso contra sentencia de la Audiencia Provincial, la cual había condenado como autores de un delito de estafa.Entre los motivos del recurso se encontraba la indefensión producida al denegar la Sala, indebidamente, muy diferentes pruebas que se habían propuesto en tiempo y forma, al objeto de acreditar la inocencia de los acusados.Además también se atacaba, la citada sentencia de la Audiencia Provincial, por indebida aplicación del tipo penal aplicado.

No obstante se introdujeron ciertos argumentos sobre el contenido necesario de la sentencias, en virtud de la exigencia del artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pues bien la Sentencia del Tribunal Supremo estima los motivos y hace expresa mención a la ausencia de la Sala de poner literalmente en los antecedentes de hechos de su sentencia las conclusiones definitivas de las partes procesales.

Para entender esta cuestión, voy a explicar muy simplemente las fases del juicio penal.
Las sesiones del juicio comienzan con la lectura de los escritos de acusación y los escritos de defensa, en donde se ha establecido provisionalmente y a expensas de la práctica de la prueba, los hechos, el delito cometido (calificación), la pena solicitada y las pruebas que se quiere practicar en el juicio. Seguidamente se procede a practicar la prueba en el orden establecido por el Fiscal. Primero interrogatorio de los acusados, posteriormente los testigos y peritos y finalmente la prueba documental.
Terminada la fase de prueba, el Juez o Tribunal abrirá un turno de palabra para que el Ministerio Fiscal, las acusaciones y, finalmente, las defensas de los acusados manifiesten si se ratifican en sus escritos de conclusiones provisionales, elevándolas a definitivas, o las modifican, incluyendo nuevos hechos, calificaciones, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o nuevas peticiones de condena (arts. 732 y 788.3 LECrim.).
Esos hechos definitivos o factum, es lo que denomina el TS el objeto del proceso penal, donde opera el principio de contradicción y donde se establece el marco en el que el juez sentenciador debe pronunciarse. La sentencia consta de varias partes: antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos de derechos y finalmente el fallo.
Dicho lo cual, voy a comentar brevemente una cuestión de la citada Sentencia del Tribunal Supremo (estimatoria del recurso de casación), tratando de no utilizar tecnicismos complicados, para poder ser entendido por personas ajenas a este mundo del Derecho.
Esta sentencia nos parece muy interesante respecto a una cuestión, en principio formal, que en el pasado tenía un tratamiento distinto y casi efímero en la doctrina y jurisprudencia. Hablamos del contenido de los antecedentes de hechos, que debe tener toda sentencia, ex artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus consecuencias a efectos de recursos.
En primer lugar y a modo de ejemplo traemos a colación sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia núm. 456/2014 de 4 julio.En la citada sentencia se razona sobre esta cuestión planteada, pero referente a los hechos declarados probados y sus efectos de control en segunda instancia, como dice “Así lo demandan las exigencias del principio de legalidad, la imprescindible explicación a las partes interesadas sobre la justicia de la decisión adoptada, y la necesidad de hacer posible, finalmente, el control adecuado de la actividad jurisdiccional en la vía de los recursos, motivación, en suma, exigida en la ley ordinaria”.
Es decir, como garantía del justiciado, principio de legalidad y a efectos de control casacional y/o segunda instancia, es requisito que “toda sentencia penal debe contener un circunstanciada relación fáctica y un desarrollo argumental suficiente en orden a la subsunción de los hechos en el correspondiente tipo delictivo, siendo necesario que en su fundamentación jurídica se haga un análisis de la prueba practicada y se manifiesten los motivos de cómo se ha llegado al convencimiento de la culpabilidad en el caso de que tal resolución sea condenatoria o de la inocencia, en el supuesto de ser absolutoria.”
Teniendo este punto de partida, a los efectos del presente artículo, vamos a ver el tratamiento que se ha establecido referente a la ausencia o derivación de un concreto elemento de la sentencia. Hablamos del establecimiento en los antecedentes de hechos de las diferentes conclusiones definitivas realizadas por todas las partes, una vez practicada, con todas las garantías, la prueba declarada pertinente. Es decir, los hechos por los que acusa la acusación particular y el Ministerio Fiscal, en su caso, el resultado de la prueba practicada en juicio (a los efectos de acreditar estos hechos), la calificación jurídica-penal de los mismos, así como la consecuencia jurídica (la pena y responsabilidades civiles, penas accesorias, etc…). A sensu contrario las conclusiones absolutorias de la defensa en base a esos mismos hechos y pruebas practicada.
Por imperativo legal, ex artículo 142.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se exige como garantía del justiciado, que toda sentencia deberá consignar las conclusiones definitivas de la acusación, y de la defensa y la que en su caso hubiese propuesto el Tribunal en virtud del artículo 733 de la misma Ley (circunstancia excepcional en caso de calificaciones no ajustadas a la legalidad por manifiesto error). Es habitual que en aras del principio de economía procesal y a los efectos de evitar reiteraciones se establezcan en las sentencias que “damos por reproducidas las conclusiones elevadas a definitivas por las partes” en los antecedentes de hechos.
En este sentido, traemos a colación Sentencia A.P. Madrid 280/2007, de 18 de julio
“Tercero.-Como último motivo del recurso, se alega la infracción en la sentencia recurrida del art. 142.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello por no consignarse en la misma las conclusiones definitivas de las partes.

Es cierto que en la sentencia recurrida no se recogen las conclusiones definitivas de las partes. Antecedentes de hecho que deben ser necesariamente incluidos en la sentencia penal por disposición clara y expresa del art. 142.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se manda que las sentencias penales se redacten consignándose las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa y la que en su caso hubiese propuesto al Tribunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 733. Pero tal defecto formal en la redacción de la sentencia constituye una omisión subsanable por el propio Juez que dictó la sentencia recurrida, bien de oficio, bien a instancia de parte, en aplicación del art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Subsanación de errores en la redacción material de la sentencia recurrida que no corresponde realizar a este Tribunal de apelación; más cuando tales errores en la redacción son irrelevantes a los efectos de determinar el fallo de la sentencia recurrida. Por lo que, en ningún caso, la omisión en la sentencia recurrida de la expresión de las conclusiones definitivas de la partes justifica la revocación del fallo de dicha sentencia.”

Es decir, en palabras llanas, es irrelevante esta omisión legal y es subsanable, a efectos de determinar el fallo de la sentencia, su control.
Dicho todo lo anterior, entiendo necesario hablar sobre lo que se considera el OBJETO DEL PROCESO en el ámbito penal, para posteriormente centrar el debate precisamente en el objeto de este artículo.

Respecto al objeto del proceso, nuestro máximo intérprete establece que el mismo se configura cuando los hechos se elevan a definitivos en el trámite de conclusiones definitivas una vez concluido el debate jurídico y practicada la prueba declarada pertinente y necesaria. Cierta línea ha defendido que realmente en aras de no crear indefensión, así como en base al principio acusatorio, el objeto del proceso penal sería el que se presenta ante el juez o sala que enjuiciará el asunto, es decir lo relatado y propuesto por las partes en la fase intermedia. Esta cuestión será desarrollada en otro artículo, pues no es éste el objeto del presente. No obstante he considerado necesario traer a colación la misma ya que entiendo ayuda a comprender lo que debatimos en este artículo. O dicho de otro modo “Los pronunciamientos de los acusadores en este trámite son determinantes para la fijación del objeto del proceso penal, porque, como dice la STS 651/2009, de 9 de junio «el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, habiendo de resolver la sentencia penal sobre tales conclusiones de las partes y no sobre las provisionales (…)».”

Centrando el debate, y estableciendo que el objeto del proceso se constituye una vez que los hechos se elevan a definitivos en las conclusiones de las partes procesales, es por ello que nuestro TS establezca en esta Sentencia de nuestro cliente, que la omisión literal en la sentencia de las citadas conclusiones, no es una cuestión de vicio formal sino que su omisión “afecta materialmente a la propia dinámica interna de la resolución”. La omisión limita la facultad del juez ad quem de realizar el control que la ley le obliga. Es por ello que la ausencia de esa contradicción impide tal control y por ende la supervisión sobre la motivación que ha llevado al juez a quo a dictar su fallo. La sentencia es un cuerpo único que está interrelacionada, dependiente unos elementos de otros a efectos de “explicar” sus conclusiones fácticas y jurídicas en base a un razonamiento lógico de los hechos, pruebas y fundamentos jurídicos puestos a su alcance por las partes procesales.
Esta sentencia viene a frenar práctica habitual en determinadas plazas y órganos jurisdiccionales de “dar por reproducidas” ciertas cuestiones del proceso penal, pero no hay que olvidar que una cosa es dar por reproducido, dentro de un contexto y en aras del principio de economía procesal y a efectos de no ser reiterativos, y otra cosa muy distinta es mermar garantías y derechos fundamentales que todo justiciado tiene reconocido en nuestra Constitución.

En palabras de nuestro máximo intérprete de la Ley, en sentencia dictada en el presente año: “Así, la incumplida no es una mera exigencia de índole formal sino que afecta materialmente a la propia dinámica interna de la resolución, ya que es haciéndola efectiva como el principio de contradicción penetra en su interior, y esto es lo que permitirá apreciar si el tribunal se ha movido o no dentro de los límites del objeto de la causa fijados por las pretensiones parciales, y si ha dado respuesta a esta en todos los aspectos relevantes.
Así las cosas, es claro que las conclusiones definitivas de las partes no pueden darse “por reproducidas”, sino que tienen que reproducirse. Idealmente, con transcripción literal también de las respetivas versiones de los hechos, tal y como resulten finalmente establecidos por cada una de aquellas, de donde resultará a su vez el ámbito dentro del que, en la materia, deberá moverse el juzgador.”

En definitiva se abre una nueva línea garantista consistente en el deber de plasmar literalmente las conclusiones definitivas de las partes, ya que dentro de ese campo de acción es donde deberá “moverse” el juzgador. Además el órgano de segunda instancia podrá controlar la sentencia recurrida en todos sus elementos como cuerpo autosuficiente y verificar si se ha movido o no dentro de los parámetros del objeto del proceso penal debatido y enjuiciado. Como decimos es una sentencia a tener muy en cuenta.

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